Roberto Briceño-León
Después de dieciséis años de incremento sostenido de los homicidios, robos y secuestros, la violencia y el delito muestran cambios importantes en Venezuela. Ya no se trata más de asesinos aislados o de una cuerdita de jóvenes ladrones que venden droga en la esquina. En la actualidad, estamos frente a una organización del delito que es capaz de embarcar una tonelada de cocaína en 42 maletas, debidamente registradas, en un vuelo comercial que salía del principal aeropuerto del país; de grupos armados que retan y se enfrentan con granadas y fusiles de alta potencia a los cuerpos policiales o de organizaciones colectivas que son capaces de destituir al jefe de la policía y al ministro que ha osado enfrentarlos.
La violencia en Venezuela se ha transformado. Luego de década y media de destrucción institucional por la impunidad y el quiebre del sistema legal y normativo, formal e informal, la delincuencia se ha organizado. Ciertamente todavía no tiene las estructuras jerárquicas que muestran otros países de la región, donde hay autoridad y disciplina en la línea de mando. Pero avanza en esa dirección y ha encontrado un terreno fértil en la complicidad e incompetencia de los funcionarios gubernamentales.
El delito organizado representa una amenaza importante para la democracia. Esto quiere decir que es una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, para la independencia de la economía y para la autoridad del Estado.
El delito organizado se aprovecha de las políticas erróneas del Gobierno y de las deficiencias del Estado de derecho en los mercados ilegales, y, al mismo tiempo, usa la fuerza y la violencia para torcer la ley en su propio provecho en los mercados criminales.
En las frontera de Táchira y Apure los comerciantes, transportistas y ganaderos deben pagar unas partes importantes de sus ingresos a las mafias guerrilleras que se dedican a ofrecerles protección, es decir, les cobran para que no sean víctimas de los secuestros realizados por ellos mismos o por otros grupos similares. En la frontera del Zulia, las mafias paramilitares controlan las múltiples redes de alimentos, medicinas y gasolina, que son transportadas por trochas, ríos y carreteras principales hacia Colombia, donde son vendidas a un precio tan superior que ofrece jugosas ganancias a toda la cadena de participantes en el mercado ilegal de productos con precios controlados y subsidiados. En la frontera marítima de la costa oriental del país, las lanchas de pescadores zarpan mar adentro y al regreso de la faena vuelven sin pescado, pero con los bolsillos llenos de dinero y los vecinos se preguntan si ese maravilloso negocio se trata de un pez mágico o del transporte y venta de gasolina o drogas a los mares caribeños. En el sur del país se expulsaron a las compañías extranjeras, pero la minería del oro no se detuvo, sino que de manera ilegal se expandió y los garimpeiros nacionales y extranjeros deben pagarles a los grupos organizados para trabajar y sacarle a la tierra el sueño de El Dorado. Igual suerte padecen los trabajadores de la construcción, quienes, tanto en Guayana como en el resto del país, deben pagar cuantiosas contribuciones a los sindicatos para poder obtener un empleo y sufrir los enfrentamientos entre los grupos que se matan por controlar el mercado de trabajo en cualquier edificación que se esté erigiendo o remodelando; y son estos mismos grupos armados y no los ingenieros a cargo de la obra quienes deciden cuándo se labora y si el trabajo está bien o mal ejecutado. En el centro del país, las personas que se trasladan por la carreteras y autopistas evitan hacerlo de noche, pues los grupos de delincuentes, algunos de ellos en las llamadas «zonas de paz», tienen repartidos y bajo su control los trayectos de las vías de circulación automotor para asaltar el transporte de personas o mercancías. En las cárceles, los presos se retratan con el armamento de gran potencia que exhiben y usan, y los recluidos construyen piscinas y discotecas, y hacen fiestas donde se venden bajo su control alcohol, droga y prostitutas. Y en las zonas aledañas a las cárceles, las personas ya no anuncian públicamente la venta de sus carros o viviendas buscando la mejor oferta, pues temen que luego de recibir el dinero, los enviados de los presos los amenacen para quitarles una parte del dinero recibido.
Cualquiera de estas actividades no ocurre sin una elaborada organización del negocio del delito que utiliza la violencia para apropiarse y obtener lucro de todos esos mercados ilegales. No se trata apenas del delito y la violencia, sino del delito y la violencia organizada.
Esta situación se viene a sumar al ya complicado escenario de violencia sin control, anómica o desordenada, que sufre el país. Es una situación novedosa pues se trata de nuevas actividades y nuevos actores que están explotando nuevos mercados ilegales y criminales.
Hay nuevas actividades vinculadas al delito organizado, pues se han creado nuevas oportunidades para el negocio con mercados ilegales. Tres de ellos son de particular relevancia: la gasolina, los productos alimenticios y de higiene con precio controlado, y el mercado negro de divisas, el dólar paralelo. Estos nuevos mercados donde opera el delito organizado vienen a sumarse a los ya tradicionales del tráfico de droga, la extorsión, el secuestro y el sicariato.
Lo singular y hasta paradójico de los nuevos mercados es que se logra crear un mercado ilegal por dos decisiones del Gobierno, por un lado se subsidia el precio de unos productos, y por el otro se prohíbe y criminaliza la comercialización privada y la exportación de estos productos. Resulta casi inevitable que se presente un mercado ilegal cuando se suman esas circunstancias económicas y legales, como también que algunos grupos decidan utilizar la fuerza y la violencia para apoderarse de las rentas que ofrecen esos mercados. Ese es el ejemplar caso de la gasolina, pues hay una situación donde el precio de un litro de gasolina en un lado de la frontera, en Colombia o Brasil, equivale a más de cuatro mil litros en el otro lado de la frontera, es decir que con lo que se compra un litro de un lado de la frontera, se puede llenar el tanque completo de gasolina durante dos años seguidos en el otro lado de la frontera. Es natural entonces que haya muchos actores interesados en apoderarse de esas ganancias y algunos hasta en usar la violencia para lograrlo. Ese negocio es tan rentable, que muchos estiman puede dar unas pingües ganancias superiores al tráfico de drogas. Algo similar ocurre con la reventa de alimentos, artículos de la higiene personal, de la limpieza del hogar o las medicinas. De allí ha surgido un concepto novedoso –el contrabando de extracción– y dos palabras nuevas, dos venezolanismos, un sustantivo y un verbo que nombran esta nueva realidad: bachaqueo y bachaquear.
Estas nuevas actividades han llevado también a la presencia de nuevos actores en el delito organizado. En algunos casos por el cambio de modalidades. Los grupos delincuenciales se dieron cuenta de que en lugar de robar a un comerciante una vez, lo cual reportaba beneficios en una sola oportunidad, era preferible y menos riesgoso disponer de una renta permanente. Entonces se dedicaron a la extorsión, a cobrarles a los agentes económicos (ganaderos, transportistas, bodegueros, prestadores de servicios) una mensualidad para permitirles actuar y «protegerlos» de los males que podían acecharlos. Este cambio es lo que llamamos en este libro la transformación de las pandillas depredadoras en las mafias que venden protección. En otros casos se trata de la aparición de nuevos negocios de gran rentabilidad, de miles de millones de dólares, como es el vinculado al otorgamiento de divisas a precio inferior al del mercado a ciertos grupos de personas o empresas vinculados al gobierno o sus funcionarios. Esto implica una elaborada organización comercial y financiera de los grupos delictivos, que en este caso llamamos bandas, las cuales se organizan usando inteligencia y tecnología para apropiarse de la renta que genera ese diferencial cambiario y luego lavarlo en el mercado nacional o internacional.
En Venezuela se produce una doble alteración del mercado y la economía, una la crea el Gobierno y la otra la provoca el delito organizado. Esto representa que tenemos lo peor de los dos mundos: un exceso y un vacío de Estado. Un Estado que no es regulador, sino agente económico, propietario y controlador, que hace de juez y parte del proceso social y económico. Y, por el otro, una carencia de Estado capaz de hacer cumplir las leyes mínimas y que tampoco las cumple ni se las aplica a sí mismo. Es un Estado que en el área penal incrementa la severidad de las penas, pero no tiene capacidad ni voluntad para aplicarlas, ni las grandes ni las pequeñas, ni las blandas ni las duras. Un Estado que usa las leyes con propósitos personales y partidistas, y que menoscaba los derechos de los ciudadanos, los partidos, los sindicatos y las empresas que no le son afines. Es la concreción y repetición de la expresión atribuida al dictador brasileño Getulio Vargas: «Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley». Al final se tiene una situación paradójica de anomia, tal y como la pensaba Durkheim, por ausencia y exceso arbitrario de las normas.
Esta combinación de mercados ilegales y delito organizado constituye una amenaza para la democracia. Esa es la percepción que tienen los venezolanos, tal y como lo reporta una de las encuestas presentadas en este libro. Y es así porque representa una amenaza a las reglas del juego democrático y al ejercicio de los derechos ciudadanos. La vida social y política regida por normas y leyes se substituye por la intimidación y la fuerza, por las armas y el chantaje. Y esto afecta, por las buenas o por las malas, a todos los poderes políticos locales y nacionales, a los jueces, los legisladores y los alcaldes o gobernadores.
Este libro trata sobre la violencia y el delito organizado que se apoderan de los mercados ilegales y amenazan la ciudadanía, el Estado de derecho y la democracia. Es el resultado de tres estudios llevados a cabo por investigadores de varias universidades nacionales, públicas y privadas, y miembros de organizaciones no gubernamentales, con la coordinación del equipo del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso). El proyecto sobre la creación del «Observatorio Venezolano de Delito Organizado Transnacional» que lideró la Asociación Civil Paz Activa y el sociólogo Luis Cedeño, y que contó con el financiamiento de la Unión Europea. El proyecto sobre «Instituciones para Ciudades Seguras e incluyentes en Venezuela», llevado a cabo por investigadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad Católica del Táchira (UCAT) bajo la dirección de Roberto Briceño-León y que tuvo el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID-IDRC) de Canadá y del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido. Y, finalmente, el proyecto «La subcultura de la violencia en los grupos juveniles urbanos, como expresión de la exclusión social y el rol de las organizaciones populares en el control social informal», dirigido por la profesora Olga Ávila Fuenmayor y realizado conjuntamente con investigadores de la Universidad del Zulia (LUZ) y de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), el cual tuvo financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela. Todas las opiniones expresadas en los textos son de responsabilidad exclusiva de los autores de los capítulos y no de las instituciones que han apoyado la realización de estos proyectos.
Este libro está dividido en tres partes denominadas: Teoría, Evidencias y Expresiones. En la primera se elabora la teoría sociológica sobre el delito organizado, los distintos tipos de grupos y el papel del Estado. En la segunda parte se presentan las evidencias empíricas encontradas en el estudio y que están basadas en encuestas de población, grupos focales y entrevistas a profundidad realizadas en distintas zonas del país. En la tercera parte se presentan los rostros múltiples que tiene el delito organizado y se refieren a casos y modalidades específicas como la corrupción, el tráfico de drogas, los secuestros, la trata de personas y la organización carcelaria.
Este libro no pretende ser exhaustivo ni constituye un cierre. Al contrario, es una apertura a un área de investigación y de política pública apenas explorada en el país. La contribución teórica y empírica aquí presentada es novedosa pues permite superar la visión estrictamente criminal del delito y mostrar la diversidad de conexiones que existen entre el crimen organizado, los mercados ilegales y la democracia.
Roberto Briceño-León
El delito organizado no es nuevo en la sociedad, lo que sí es nuevo es su conceptualización, la relevancia que ha tomado en el imaginario social y el surgimiento de políticas públicas especializadas para combatirlo.
Los famosos piratas que azotaron los mares del Caribe y llegaron a saquear los prósperos puertos del sur del lago de Maracaibo eran delito organizado. Los contrabandistas que desde Curazao y Aruba introducían los productos europeos hacia las costas al norte de Venezuela y compraban el café y cacao para llevarlo directamente a los almacenes del norte de Europa, burlando el monopolio que tenía establecido la Corona española para la exportación de esos productos, eran delito organizado. La producción que, hasta entrado el siglo XX se hacía de aguardiente artesanal en alambiques clandestinos, y que luego eran comerciados por unas redes familiares y amistosas, eran delito organizado. Todas esas actividades eran formas de delito que se habían organizado y que han quedado reportadas en los libros de crónica e historia sin que fuesen catalogadas con ese nombre.
Sin embargo, la irrupción mediática de las historias de la mafia italiana operando en Estados Unidos a partir de las grandes producciones cinematográficas –como El Padrino, Caracortada– o las series de televisión –como Los Soprano, Escobar o Breaking Bad– posicionaron de una manera distinta el problema. Ya no se trataba de unos individuos aislados e impulsivos, unos tipos malos por naturaleza que faltaban a la ley. Ahora se mostraba ante el público una imagen distinta, la de una organización comercial, empresarial, con una racionalidad en la administración de la violencia, donde se podían cometer excesos, pero que estaban calculados con las metas económicas. Eran «negocios», no un asunto «personal», diría un gánster de película. Mostraban, además, una estructuración jerárquica del mando y el poder que difería notablemente del delincuente decrépito y perturbado de los bajos fondos.
Aunque quizá hay también otros factores que han incrementado esa percepción y son tanto el incremento del poder del Estado como la criminalización de nuevas actividades. Por un lado, hay una mayor presencia del Estado y de las fuerzas policiales que se dedican al control de las actividades consideradas ilícitas. Y, por el otro, ha habido un incremento de las actividades y consumos que son considerados ilegales y que por lo tanto están sometidos a control, persecución y punición por parte del Estado. Aunque estos procesos no son homogéneos en todas las sociedades, ni en cuanto a la regulación, ni mucho menos en cuanto a su aplicación práctica real, uno puede observarlos como una tendencia general de la sociedad contemporánea.
Y, finalmente, otro proceso social importante es lo que se ha llamado globalización o mundialización y que representa un notable incremento del proceso de comunicación, intercambio y movilidad de bienes y personas a nivel mundial. Esto ha dado unas dimensiones nuevas a un viejo problema, pues la apertura de las fronteras nacionales y la transnacionalización de los intercambios le han abierto las puertas al delito organizado, que ha encontrado nuevas formas de actuación para los viejos delitos y nuevas oportunidades para la acción criminal.
Esa cambiante realidad ha hecho muy difícil lograr un consenso sobre lo que se puede denominar delito organizado. Esto sucede porque el fenómeno es muy variado y se incluyen una multiplicidad de «delitos»; además, las formas de organización cambian continuamente, mostrando un dinamismo y una mutabilidad notables que no hacen sencillo su encasillamiento en una determinada caracterización.
Por eso es que algunos investigadores del crimen organizado han optado por proponer que, al contrario de lo que dicta la tradición académica, no se debe dar una definición a priori del fenómeno, sino proceder a su estudio y de acuerdo a los resultados y hallazgos encontrados se construya una definición más acorde con la realidad estudiada (Von Lampe, 2009).
Esta postura resulta muy adecuada desde la perspectiva constructivista de las ciencias sociales, pero afronta muchas dificultades prácticas cuando se va a emprender un trabajo de campo y un estudio de la percepción de la población como el realizado por nosotros en Lacso. Así que decidimos optar por un camino intermedio, que procurara una definición operativa de inicio, con la cual se pudiera realizar tanto los estudios cualitativos como los cuantitativos, pero que no constituyera una camisa de fuerza, sino que se permitiese un continuo diálogo con el concepto y los resultados que se iban encontrando.
La definición que adoptamos en un primer momento decía que: «Delito organizado es la actividad de tres o más personas que se asocian y organizan de manera permanente para cometer actos ilícitos que les permiten obtener beneficios económicos o poder».
Esta definición tiene tres elementos claves: el número de personas, la durabilidad de la relación y la ganancia en riqueza o poder. Por lo tanto, si una o dos personas cometen delitos, no podemos considerar que sean una organización, y, por el otro, que si tres amigos se reúnen para robarse un vehículo y conseguir un dinero o irse de farra, pero no repiten el evento, tampoco son una organización. Sin embargo, si los tres amigos continúan robando automóviles y vendiéndolos o desarmándolos para vender los repuestos por partes, de manera continua, y consiguen un beneficio económico con esa actividad recurrente, sí pudiéramos considerarlos una pandilla de delito organizado.
Esta conceptualización tiene su origen en las distintas definiciones que a nivel internacional se han intentado adoptar para fines no solo académicos, sino de políticas públicas (Levi, 2002). Es así que en la Unión Europea se estableció una definición que tiene seis características, de las cuales, cuatro son obligatorias y dos más pueden ser escogidas de una lista de siete rasgos establecidos por la Comisión Europea de Policía.
Los cuatro atributos obligatorios serían: a) debe implicar la colaboración de más de dos personas; b) la colaboración debe extenderse por un periodo prolongado de tiempo o ser indefinida; c) debe tratarse de delitos graves, y la gravedad se mediría por ser aquellos que tengan una pena de cárcel de al menos cuatro años, y d) el objetivo de esa acción es obtener ganancias o poder.
Y al menos otras dos características que se escogerían entre las siguientes posibilidades: a) que exista división del trabajo entre sus miembros; b) que tengan medidas de control y disciplina en el grupo; c) que usen violencia u otras amenazas; d) que usen estructuras empresariales o comerciales; e) que hagan lavado de dinero; e) que actúen de manera transnacional; y, finalmente, f) que ejerzan influencia sobre las instituciones legítimas de la sociedad como el gobierno, la justicia o la economía.
Como se podrá observar, aunque la violencia es un componente importante en la representación que sobre el delito organizado se tiene en la sociedad, el uso de la violencia es considerado una posibilidad, más no una obligatoriedad en la definición del delito organizado.
La Organización de las Naciones Unidas estableció una definición de crimen organizado que le agregaba el calificativo de «transnacional». Las razones para este añadido son no solamente de caracterización del fenómeno, que realmente adquiere una dimensión multinacional, sino de orden jurídico, pues al ser transnacional permite y requiere de la cooperación entre los estados y naciones para combatir esos delitos. La definición en sí misma, sin embargo, no difiere mucho de lo que hemos venido formulando en las líneas anteriores. En el artículo 2, parágrafo «a» de la Convención Internacional Contra el Delito Organizado Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, se establece que
«Organized criminal group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.»
En Venezuela la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo del año 2005 expresa en su artículo 2 una definición muy similar que dice así:
«La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.»
Como se observa hay algunos elementos que se repiten en las distintas definiciones y que se refieren al tamaño del grupo, el tiempo de la relación, el tipo de delito y el propósito de la acción. Veamos la relevancia de esos elementos.
El tamaño del grupo. La lógica social es completamente distinta cuando una persona comete un delito de manera aislada, o incluso cuando son dos personas, que cuando son tres o más. La tercera persona establece una relación distinta, pues las definiciones de funciones, la privacidad de las informaciones o el ejercicio de la autoridad o el poder se modifican. Obviamente también hay cambios cuando se trata de un pequeño grupo a cuando involucran a decenas o centenas de personas.
La permanencia en el tiempo. Si bien hay algunas organizaciones que pueden durar décadas, e incluso transmitirse de una generación a otra, eso es cada vez menos presente, y lo que se quiere rescatar aquí es que la asociación no puede ser una relación eventual, casual, sino que implica una permanencia. Lo que ha estado sucediendo es que los grupos criminales se han adaptado a las nuevas formas empresariales y a la flexibilidad de los negocios de la actualidad. Por lo tanto los grupos pueden integrarse, pero luego desaparecen por un tiempo como grupo y se vuelven a agrupar para realizar otras tareas, dificultando así la labor policial.
La organización social. El rasgo central de la caracterización de este tipo de delito es su rasgo «organizado». Sin embargo, los tipos de estructuras organizativas pueden ser muy variables y lo que la Convención de Palermo destaca (artículo 2, parágrafo c) es que lo importante de un «grupo estructurado » es que no puede estar formado al azar, pero tampoco se requiere que tenga roles definidos, ni continuidad en la membrecía, ni siquiera una jerarquía. Es un rango muy amplio de organizaciones las allí incluidas.
La gravedad del delito. Lo que en los textos oficiales llaman «serious crime» intenta darle una magnitud al problema y diferenciarlo de gran cantidad de pequeños delitos o infracciones que pueden darse en la sociedad y prácticamente formar parte de la vida cotidiana. La manera de definir la gravedad ha sido por los años de pena de cárcel que tienen las actividades ilícitas, siendo que para la Unión Europea serían delitos con cuatro o más años de prisión y en la legislación venezolana deberían recibir seis o más años de cárcel. Sin embargo, la gravedad no implica que deba tener un componente violento. Por ejemplo, en Europa se considera que es delito organizado el contrabando de cigarrillos, que no han pagado impuestos, o el tráfico de productos falsificados, que no han pagado derechos por el uso de la marca o la patente. Son actividades no violentas, que no parecieran representar peligro mayor a la sociedad, pero por el tipo de castigo son considerada una falta grave.
El propósito de la acción. A diferencia de otros delitos violentos, que pueden ser exclusivamente expresivos, como sería descargar una rabia momentánea o ejecutar una venganza como retaliación por una afrenta o daño, en el delito organizado se presume que ocurre una acción racional orientada a obtener unos fines. Por lo regular se trata de unas metas económicas. El propósito por lo regular es obtener una renta económica derivada del usufructo de los mercados ilegales o directamente de la extorsión de las personas. En algunos casos se trata también de obtener poder, sin embargo, la pregunta subsiguiente sería ¿poder para qué? Y allí se puede caer en la idea de los beneficios económicos. Claro, en muchos casos no queda claro si la búsqueda de los actores va en esa dirección de uso del poder para alcanzar provecho económico, o más bien es al revés: se busca unas fuentes de ingresos para poder financiar el logro o la sostenibilidad del poder. Las relaciones entre los grupos guerrilleros y el narcotráfico pueden ilustrar bien esos dilemas interpretativos.
Para poder comprender un poco más el fenómeno, nos parece que se debe trabajar en tres niveles distintos de análisis: en primer lugar estaría el nivel individual, pues el crimen organizado requiere de delincuentes, que son personas con sus singularidades y decisiones. En segundo lugar está la estructura social: cómo se organiza ese grupo de personas, cuáles son sus roles y sus funciones, sus jerarquías y los niveles de involucramiento o de poder que tienen. Y, finalmente, el tipo de actividades ilegales que realizan, qué es lo que hacen y de qué circunstancias se benefician para poder llevar a cabo sus propósitos. Veámoslos en detalle.
La dimensión individual del delito ha sido trabajada abundantemente en la sociología y en la psicología criminal sin lograrse un amplio consenso. Hay sin embargo algunos rasgos que parecen caracterizar los individuos transgresores en una sociedad, unos se vinculan con la personalidad y otros con el proceso de socialización. Se asume que por lo regular los individuos transgresores tienen un conjunto de rasgos psicológicos que pueden ser interpretados como positivos en la personalidad de cualquier persona: son audaces, son ambiciosos y se empeñan en conseguir sus objetivos, son seguros de sí mismos e innovadores.
Desde el punto de vista social, se estima que procuran obtener posiciones de liderazgo y que privilegian los fines sobre los medios, por lo tanto son muy proclives a utilizar cualquier tipo de medio que sea necesario con el fin de obtener lo que desean. Este rasgo es una de las características que había descrito R. K. Merton en su clásico texto sobre la anomia (Merton, 1965). En ese escrito Merton señala que hay individuos que aceptan los fines propuestos por la sociedad, como hacerse rico, por ejemplo, y los medios que la sociedad determina que deben emplearse para alcanzarlo, trabajar, ahorrar, invertir, hacer negocios. Ahora bien, hay otros individuos que aceptan los fines y, de acuerdo al ejemplo citado, también quieren hacerse ricos, pero en su caso no aceptan los medios prescritos como legítimos y válidos por la sociedad, sino que deciden utilizar otros medios que la sociedad ha censurado, prohibido y calificado como delito: la corrupción, el robo, el secuestro o el comercio con bienes ilegales como las drogas.
Lo que es intrigante para la ciencia y para los cuerpos policiales es saber por qué unos individuos aceptan los caminos prescritos por la sociedad, mientras que otros se arriesgan a tomar los medios prescritos, censurados y punibles en esa sociedad. Las teorías más culturales tienden a postular como explicación una falla, una carencia en el proceso de socialización del individuo, que no lo adentró adecuadamente en los valores en la sociedad y por lo tanto los medios prescritos no fueron internalizados poderosamente en esas personas. En este caso, el universo moral que lleva a distinguir claramente y con fuerza lo correcto de lo incorrecto no fue adecuadamente logrado en el individuo.
Hay otra versión que es la contraria y se trata no de la falta de socialización, sino de la existencia de una socialización negativa que vendría proporcionada por la subcultura del medio social en la cual creció y vive ese individuo. Son los códigos sociales que se viven y se comunican en una comunidad marginal, en un barrio donde los delincuentes son los que tienen mayor poder y prestigio, los que gozan del mejor consumo y pueden adquirir los preciados bienes o servicios que los demás desean sin poder alcanzarlos. En ese medio se establecen una tipología de éxito y de medios para alcanzarlos que funciona al margen de lo establecido por la macro-sociedad. En ese medio la carrera delincuencial no es entonces un camino extraño ni marginal, sino el que puede ofrecerles mejores oportunidades de éxito desde el punto de vista racional y muy pocas probabilidades de censura y reprimenda por quienes son más cercanos a los individuos.
En su Teoría General del Crimen, Gottfredson y Hirschi formulan su tesis del autocontrol y sostienen que la diferencia entre los delincuentes y el resto de los individuos radica en la capacidad de autocontrol de unos y otros, es decir en la capacidad que tienen los individuos de tomar unas decisiones ateniéndose a sus valores morales en un determinado contexto (Gotfredson & Hirschi, 1990). Las personas viven continuamente un conjunto de tentaciones para satisfacer algún deseo o aspiración por un medio proscrito o ilegal, la decisión de caer en la tentación puede ser vista entonces no como una falencia de la moralidad individual, sino como un acto racional en el cual se juzgan las condiciones de la situación, los beneficios y los costos potenciales, y los riesgos de que uno u otro puedan suceder.
La tesis entonces es que en determinadas circunstancias, para determinados individuos, el delito puede ser una alternativa racional en la vida. No se trata entonces de unos rasgos exclusivos de los individuos, ni tampoco de unos atributos específicos de la situación, sino de la combinación de ambos lo que permite explicar la decisión de cometer delitos (Wikström, 2004).
En nuestra perspectiva particular, nos parece muy importante destacar las características de la situación, pues esto implica que hay condiciones sociales que pueden ser más criminógenas que otras y, de acuerdo a nuestros estudios, eso no solo se corresponde con el nivel de las tentaciones, sino también con la respuesta de la sociedad a esos comportamientos, es decir, con los costos potenciales que puede representar para el individuo esos actos, costos en términos de castigo por su falta en ese contexto de la sociedad. La situación no solo debe medirse como potencialidad de beneficios por la acción ilegal, sino también por los costos, esto significa por la capacidad de la sociedad de ponerle un barrera a la comisión del delito y luego de perseguirlo y castigar al infractor (Briceño-León, Ávila, & Camardiel, 2012).
De una manera gruesa, uno pudiera afirmar que hay tres tipos de organizaciones dedicadas al delito organizado. Un primer tipo de grupo se dedica al robo y la extorsión directa; el segundo tipo de agrupación se dedica a ofrecer protección a las personas o las empresas, y el tercero a la realización de negocios a partir de delitos que se valen de un mercado ilegal de bienes y servicios. Son tres formas distintas de extracción de una renta económica y les damos tres denominaciones diferentes:
Pandillas: son los grupos delincuenciales simples que procuran obtener un beneficio depredador de sus víctimas a través de acciones delictivas comunes, como el secuestro o el robo. Hay una amenaza y uso continuo y directo de la violencia para la realización de sus actividades. Las destrezas individuales requeridas para integrarlas están vinculadas a sus capacidades físicas y psicológicas para el uso de la fuerza. Las decenas de pandillas juveniles de los barrios de Venezuela, los gangues de Brasil o las maras de Centroamérica son un ejemplo.
Mafias: son aquellas que actúan con el propósito de ofrecer protección a las personas y empresas. Obtienen ganancias económicas a partir de la renta que captan y extraen de estas personas y empresas. Hay una administración discrecional y racional de la violencia y se ofrecen como una alternativa para su evitación. Como su negocio se mueve en la ambigüedad de la extorsión y la protección, pueden con una mano usar la fuerza y con la otra la persuasión y la negociación. Los grupos guerrilleros y paramilitares de la frontera de Colombia y Venezuela, o los grupos de protección del delito, como los Ácido o La Cobra del estado Zulia; o de zonas urbanas, como algunos de los llamados colectivos de Caracas, o las «milicias» de Río de Janeiro, son ejemplos de estas organizaciones que suelen combinar delincuentes y policías.
Bandas: son aquellas que actúan con el propósito de obtener ganancias económicas a partir de la captación de una renta derivada de la comisión de ilícitos. No usan violencia en sus acciones y subcontratan estos servicios cuando es necesario para arreglar alguna disputa. Puede decirse que se dedican a los delitos de cuello blanco, forman las redes de corrupción por sobrefacturación, creación de empresas fantasmas para recibir dólares a precios preferenciales o los dedicados al lavado de dinero de la droga o la corrupción. En su actuación se mezclan los negocios lícitos e ilícitos y su formas de actuación son la colusión y la negociación. Son grupos complejos y variados, pero igualmente muy organizados para cometer delitos, ¿o es que uno puede pensar que se puede embarcar más de una tonelada de cocaína en el principal aeropuerto del país o desaparecer de los fondos públicos veinte mil millones de dólares, según declaró la presidenta del Banco Central de Venezuela, en empresas fantasmas, sin que exista una poderosa banda organizada por detrás?
Si bien en la literatura se ha tendido a llamarlos a todos como mafias, coincidimos con algunos autores (Von Lampe, 2009) quienes consideran que solo al segundo tipo debe llamarse mafias, pues su función central es la extorsión de personas y empresas, lo cual ha sido propiamente lo singular de la tradición mafiosa italiana. Mientras que las pandillas se identifican más con los grupos juveniles que cometen delitos contra la propiedad o actúan como fuerzas de choque y las bandas con los delitos de cuello blanco, la corrupción o el lavado de dinero.
Los tres tipos de organizaciones representan una combinación diferente de destrezas físicas o intelectuales y del uso de la violencia o de la negociación como herramientas de actuación para el logro de sus fines. En la tabla 1 se precisa la singular combinación que consideramos tienen cada una de estas organizaciones y que nos permite diferenciarlas y nombrarlas de manera distinta. Como se puede observar en el cuadro, las pandillas se caracterizan por un uso de la fuerza física y la violencia y muy poca capacidad de negociación. En el otro extremo están las bandas, que utilizan herramientas intelectuales para cometer sus delitos (desfalco, robos o lavado de dinero por medios electrónicos, corrupción) y trabajan como interfaces o con acuerdos con personas y empresas del mundo legal, con funcionarios policiales o de la alta política. Las bandas usan muy poco la violencia real, aunque nunca la descartan como herramienta de sus medios de persuasión y negociación; y, en el caso de ser necesaria, delegan su ejecución en mafias o pandillas.
Esta clasificación es útil para adentrarnos en la multiplicidad de formas que tiene en la actualidad el delito organizado. La forma como se «organiza» cada uno de estos grupos es muy variada en el tiempo, pero digamos que hay dos modelos clásicos con los cuales se ha descrito estos grupos. Un modelo es de tipo piramidal y jerárquico por el cual existe una línea de mando clara y un sometimiento a la obediencia en la cadena de mando de esa jerarquía. Esto implica reglas claras de funcionamiento, de los poderes y límites de la acción de cada nivel de la jerarquía, de la definición del territorio de su actuación y de los campos de negocios donde puede ocuparse. En este tipo de organización hay muy poca libertad de movimiento para la iniciativa individual, la organización controla y decide todo (Gambetta, 1996).
El segundo tipo de modelo organizativo es funcional, no se corresponde a la estructura jerárquica y burocrática del ejército o de la gran empresa. Se funda más bien en las formas contemporáneas de organización empresarial, más libres y flexibles, funcionan como modelos de «outsourcing» empresarial. La propuesta es que para garantizar el rendimiento e incrementar la seguridad de la organización se subcontratan servicios a otros grupos delictivos, de manera permanente o temporal. De este modo las instancias organizativas actúan de manera independiente y como estancos, impidiendo los riesgos de escape de información y dificultando que se pueda tener un conocimiento de la totalidad del negocio. Por otro lado, en el proceso de internacionalización del delito organizado, este proceso de tercerización permite contar con grupos de personas que conocen bien los códigos del negocio y delito en ese territorio y manejan las instancias de poder locales. Estos cambios son los que permiten entender las diferencias en el negocio de la droga, que permiten a grupos en Colombia producirla y exportarla por vía aérea o marítima, a otros grupos transportarla por vía terrestre en Centroamérica, a otros grupos introducirla en Estados Unidos y distribuirla por la red de autopistas en las grandes ciudades, donde otros grupos realizan la venta al detal.
Uno de los aspectos importantes en la estructuración es el tipo de vínculo social que de manera implícita o explícita permite la creación y cohesión del grupo delincuencial. Una organización de este tipo debe tener un conjunto de vínculos internos que deben ser muy poderosos como para evitar las traiciones, pues fomentan la lealtad a lo interno, la desconfianza hacia lo externo y colocan un muy alto costo a la deserción o traición al grupo. Dos tipos de vínculo están en el substrato de estas organizaciones:
La familia. Un elemento central en la organización son los vínculos familiares entre sus miembros, estos se sabe fueron muy importantes en la organización de los grupos italianos, tanto de la mafia siciliana como de la ‘Ndrangheta calabresa. Los vínculos de sangre pueden ser directos o también adquiridos por las alianzas matrimoniales. Este tipo de vínculo proviene de una manera importante de las zonas rurales y, en algunos casos, se iniciaron como organizaciones defensivas campesinas, al igual que se atribuye el origen de los autodefensas colombianos a los grupos paramilitares armados creados por los hacendados del Urabá antioqueño. Pero sea para defensa o para acción ofensiva, el vínculo familiar crea un «nosotros» que la va a imprimir identidad al grupo.
El territorio. El segundo tipo de vínculo es el origen territorial común, que permite tanto la creación de un «nosotros» como la posibilidad de unos beneficios comunes más amplios, por la red que trae la persona consigo, unos riesgos mayores para la traición, pues la posibilidad de escapar y de contar con ayuda de otras personas se vería muy limitada. El territorio funciona tanto a nivel micro como macro. A nivel micro es la identidad que proporciona el barrio, el vecindario o pueblo donde se ha crecido y se vive. En ese territorio se encuentran las personas conocidas y también los afectos que auguran lealtades mutuas. A nivel macro el territorio lo proporciona el país de origen. Es muy singular que el Informe de la Oficina Europea de Policía (Europol, 2012) sobre las amenazas del crimen organizado en Europa describe los grupos en lo que pareciera ser una lista de nacionalidades: los albaneses, los rusos, los rumanos, los chinos, los colombianos… Sin embargo, cuando se adentra en la organización misma se encuentra que, por lo regular, el país se refiere a la zona del país desde donde se proviene; se sabe que no es lo mismo el Cartel de Medellín que el de Cali o el del Norte de Santander. O las triadas chinas si provienen de Hong Kong o de Shanghái. Los grupos terroristas del Medio Oriente se sabe que crean su organización reclutando personas de un mismo pueblo y con vínculos familiares, por lo cual se hace muy difícil su infiltración por los cuerpos de seguridad.
Otros autores, como P.A. Lupsha (1996), plantean la estructura del delito organizado bajo un modelo evolutivo de tres etapas. En un primer momento el grupo se puede dedicar a las actividades predadoras de extracción directa del beneficio económico y enfrentado al Estado; una segunda etapa parasitaria donde se produce una extracción de la renta de manera consensuada y existe un acuerdo de no agresión entre las bandas criminales y los funcionarios del Estado, y, finalmente, una tercera etapa que Lupsha llama simbiótica, donde la renta se extrae de la ejecución del negocio mismo y no de terceros, y que uno puede interpretar como de cooperación y hasta fusión de las bandas criminales y los funcionarios del Estado.
Aunque la descripción que hace Lupsha ni la adaptación que de la misma hace S. Pimentel para la situación mexicana (Pimentel, 2000) se corresponden con nuestras tres categorías de grupos de delito organizado, existen importantes semejanzas, pues uno puede decir que la actuación de las pandillas es claramente predadora, la mafia es una organización parásita que vive de los negocios y el trabajo de las demás personas y empresas, y que las bandas se valen del mercado ilegal para hacer sus ganancias extraordinarias, muchas veces con complicidad de los funcionarios del Gobierno, lo cual es mucho más difundido en un gobierno rentista y petrolero como el venezolano.
Las actividades ilícitas del crimen organizado podemos clasificarlas por el tipo de delito que se comete o por el tipo de mercado ilegal al cual se accede y se explota. En la primera categoría nos parece que se debe trabajar con la idea del delito depredador, aquel que simplemente toma del otro y por la amenaza o la fuerza un bien (Sung, 2004). En la segunda categoría, con las actividades que obtienen un lucro especial que deriva de las ganancias extraordinarias que se logran por las condiciones extraeconómicas que actúan en ese mercado, es decir, por la renta en el sentido clásico definido por David Ricardo (1821) o Karl Marx (1867), pero que no ocurren por efectos propios del mercado o las causas «naturales» como la sequía o la cosecha extraordinaria de uva para el vino que citaba Marx, sino por la alteración artificial del mercado debido al uso de la fuerza o de la ilegalidad.
La interacción entre ambos tipos de actividades es compleja por la versatilidad del delito (Gottfredson & Hirschi, 1990). Muchos tipos de delitos depredadores pueden formar parte de la conformación singular de un mercado de bienes robados o con sus productos alimentar el mercado ilegal. Al fin y al cabo un bien robado lo pierde su legítimo propietario, pero no la sociedad, pues es reinsertado en el mercado a un precio inferior al que tendría si fuese legal. En otros casos, el uso de la fuerza o la violencia pueden estar muy presentes en la conformación de los mercados legales e ilegales. De allí la relevancia de la diferencia en las actividades, pues ellas determinan la estructura de la organización y el tipo de individuos, en destrezas y personalidad, que podrá integrarlas.
Las actividades depredadoras. En la primera categoría entra el tipo de delito depredador que realizan las pandillas y, en algunos casos, las mafias. De manera muy clara se encuentra en esta categoría el robo de vehículos y el secuestro. Ambos delitos requieren de una organización que le dé soporte a la acción violenta inicial. Veámoslo así: robar un vehículo o secuestrar a una persona es algo relativamente fácil en cualquier lugar. El problema radica en qué se hace con el automóvil robado después de tenerlo y qué se hace con la persona que ha sido raptada: dónde se tienen y cómo ese bien (el carro o la persona) se transforma en dinero efectivo. Allí se requiere de una organización que esconda el carro, le cambie los seriales y el color, le fabrique documentos de propiedad nuevos con los cuales pueda ser introducido al mercado legal y vendido para obtener efectivamente la realización de la ganancia. Ese lucro debe ser distribuido entre todos los actores que han intervenido y formado parte de la organización.
Algo similar ocurre con el secuestro: capturar a una persona es sencillo, pero cobrar el rescate es complicado. Por eso, durante un tiempo, los secuestros a personas de altos ingresos en Venezuela los ejecutaban grupos locales que luego le «vendían» el secuestrado a la guerrilla colombiana, que era la que tenía capacidad para mantenerlo cautivo por meses o años, y luego cobrar las sumas ingentes de dinero que exigían a sus familiares. Otra forma de delito organizado predador son los homicidios por encargo, que pueden tener la forma del sicariato o de la acción extrajudicial de la policía (que algunos autores llaman el delito organizado del Gobierno).
En este caso se trata de una acción violenta que no procura obtener ningún beneficio económico para quien lo solicita y ordena, aunque sí para quien lo ejecuta, sino simplemente la satisfacción de una venganza o el envío de un mensaje al resto de ese grupo social de personas o a la sociedad en general. La organización que se encarga de ejecutar los crímenes por encargo es muy compleja, pues lo relevante es que no se pueda establecer ni siquiera una mínima relación entre quien lo encarga y quien lo ejecuta, pues de esa manera no hay modo alguno de probar autoría intelectual, y para eso se requiere de muchos intermediarios. Se cuenta que en Colombia existieron oficinas donde respetados individuos dedicados a la actividad legal servían de enlace para «arreglar» los problemas de sus clientes con la máxima discreción, el pago en efectivo y una foto nítida del destinatario del mensaje criminal.
El delito depredador simple tiene, además, dos modalidades de robo. Son diferentes en el uso de la fuerza y la violencia, pero igualmente eficaces. La primera modalidad es lo que en Venezuela se conoce como el «peaje» o la «vacuna», que es la extorsión de las personas bajo amenaza directa de agresión y muerte y que tiene dos rostros, el cobro directo bajo amenaza o el cobro cautelar, que es su espejo contrario, la oferta de protección para evitarle la posibilidad de ser víctima. La segunda modalidad es la corrupción administrativa, por medio de la cual, más con mañas que con violencia, se produce una apropiación indebida de los recursos, monetarios o en especies, del Gobierno o de la empresa privada, a través de una actuación individual o en colusión con otros individuos o empresas.
Los mercados ilegales