Tenemos que hacer planes para la libertad, y no solo para la seguridad, por la única razón de que solo la libertad puede hacer segura la seguridad.
Karl Popper
Después de trece años de crecimiento sostenido de los homicidios, se hace necesaria una explicación diferente sobre el origen de la inseguridad y la violencia en Venezuela.
Cuando en una ciudad, durante un fin de semana cualquiera, se comete un homicidio, se requiere de una explicación criminalística de las causas, modos y razones; pero cuando son cien los asesinados, la interpretación debe ser otra. Cuando en un país ocurren al año mil homicidios, se entiende el fenómeno de una manera. Cuando son 19 mil los fallecidos, se debe explicar de otra forma. Algo similar puede decirse si se trata de decenas o de miles de secuestros; de miles o de millones de robos…
En unos casos se trata de interpretaciones individuales; en los otros de un fenómeno colectivo. En unos casos se debe buscar la explicación con la policía en el contexto individual; en los otros con la ciencia en el contexto de la sociedad.
En los homicidios hay por lo regular un vínculo entre la víctima y el victimario, por eso ha sido posible en la pesquisa policial establecer, con relativa facilidad, las razones que llevaron a la muerte, pues son actos cargados de significación, de sentimientos o intereses. Las exitosas series de televisión sobre las escenas del crimen o la abundante novela negra en la literatura universal, dan amplia cuenta de ello.
Ahora bien, cuando los homicidios ocurren en abundancia y entre individuos que nunca se han visto, que es la primera vez que se encuentran, y, lo más probable, también la última, la situación es diferente. La investigación criminalística debe ser sustituida por las ciencias que estudian los comportamientos colectivos: la sociología, la economía, las ciencias políticas. Y la explicación debe ser también diferente.
Este libro se atreve a plantear una tesis distinta a la que ha dominado las interpretaciones de la violencia y los homicidios en Venezuela y en América Latina; ya que no es la pobreza lo que ocasiona la violencia, sino la falencia institucional; no es el desempleo, sino la impunidad; no es la desigualdad, sino el elogio de la violencia por los líderes; no es el capitalismo, sino el quiebre de las normas que regulan el pacto social.
Este libro procura refutar una tesis y sostener otras. Sostiene que es posible disminuir la violencia y los homicidios si hay una política pública adecuada que permita fortalecer a la sociedad, los vínculos y la confianza entre las personas, la exaltación de los valores de la paz, el respeto al otro y la búsqueda de consenso. Si se fomenta la presencia de las leyes como una norma abstracta, no moldeable, y se aplican de un modo universal, ajeno al capricho de las autoridades, se tendrá más seguridad; es decir, una política pública que combine adecuadamente prevención y represión.
También procura refutar las tesis de quienes pregonan que la violencia ha sido igual en toda la historia del país, que es igual ahora a como lo fue en el pasado. Rebate la creencia de que la magnitud del problema en Venezuela es similar a la de otros países, como nuestros vecinos, Brasil y Colombia, o inferior a la de México; desmiente la idea de que es un problema menor o que simplemente se trata de invenciones que provocan risa.
Quizá es posible afirmar que las dos grandes fragilidades de la Venezuela contemporánea son la crisis institucional que ha generado la violencia, y la mayor dependencia de la renta petrolera. Ambas constituyen, también, los dos grandes desafíos de los años por venir: cómo reforzar la institucionalidad para incrementar la convivencia y disminuir el delito violento, y cómo usar la renta petrolera para construir una sociedad no rentista.
No son poca cosa. Tampoco son metas imposibles.
Se requiere de ingenio, de esfuerzo sostenido, de confianza en el pueblo, que son todos los estratos sociales. Hace falta una osadía responsable que se atreva a pensar y a actuar en la dirección adecuada. El ritmo puede y, quizá, deba modularse; la orientación debe sostenerse: una sociedad tolerante y con instituciones fuertes; una economía petrolera en su origen y pospetrolera en su destino. Una sociedad compasiva, solidaria y productiva.
Este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo y sostenido de las universidades venezolanas. Los grupos académicos que hoy integramos el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), iniciamos nuestras investigaciones hace diecisiete años.
Entre los años 1995 y 2011 hemos realizado múltiples estudios cualitativos y cuantitativos: encuestas, análisis de la estadística oficial, historias de vida, grupos focales, análisis de la prensa de sucesos, observación participante. En fin, hemos usado todas las herramientas disponibles que nos permitan documentar, con evidencias sólidas, lo que ha estado ocurriendo y tener bases confiables para sustentar las interpretaciones que de allí pudieran derivarse.
Los resultados que aquí se presentan son un paso más en ese camino. Se fundan en los estudios llevados a cabo en los años 2010 y 2011. Se realizaron dos encuestas en una muestra de hogares de todos los estratos sociales con cobertura nacional; así como en las investigaciones cuantitativas y cualitativas, y las intervenciones que han tenido lugar en Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Ciudad Guayana, Maracay, Cumaná y Barquisimeto.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), surgió como una respuesta a la decisión del gobierno nacional en el año 2004, de prohibir la difusión de la información oficial sobre delito y violencia. En la actualidad, continúa creciendo y está conformado por grupos de investigación de la Universidad Central de Venezuela, UCV; la Universidad del Zulia, LUZ; la Universidad de Oriente, UDO; la Universidad Católica del Táchira, UCAT; la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, UCAB; la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA; y la Universidad de Carabobo, UC.
El equipo central del OVV que ha sido responsable de este esfuerzo y de sus logros, ha estado integrado por colegas de las distintas universidades y centros de estudio: Neida Albornoz, Ximena Biaggini y Rina Mazuera Arias en San Cristóbal; Jesús Subero en Cumaná; Rayma Rujano, Alexis Romero Salazar y Daniel Velasco en Maracaibo; Luisa Pernalete y Eligio Rodríguez en Ciudad Guayana; Nelson Freites y Carlos Meléndez en Barquisimeto; Iris Terán en Maracay y, en Caracas, María Josefina Ferrer y Mariana Caprile, quien es la responsable de la campaña de valoración de la vida que ha realizado el OVV, así como por los colegas coeditores de este libro, Olga Ávila y Alberto Camardiel.
En una oportunidad Jorge Luis Borges declaró que un libro era la última corrección de la prueba de imprenta que uno le cedía al impresor; y es verdad, al menos en este caso es verdad. Las propuestas que aquí se formulan están en ciernes, forman parte de una construcción teórica y metodológica que hemos estado desarrollando durante estos años y para lo cual ha sido muy valioso en los últimos meses el ambiente profesional y el apoyo que he recibido del Woodrow Wilson International Center for Scholars, donde mi estancia como investigador me ha permitido concluir el libro, discutirlo con los colegas y entregárselo al editor.
Es nuestro deseo que este libro contribuya a una mejor comprensión del fenómeno contemporáneo de la violencia en América Latina y a unas mejores políticas públicas de seguridad ciudadana, que hagan de la región una sociedad más pacífica, más próspera y con mayor democracia y libertad.
Roberto Briceño-León
Woodrow Wilson International Center for Scholars
Washington, DC, marzo 2012
1.Hugo Chávez Frías, Revolución Bolivariana 9 años de logros, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2009, p. 29.
2. Europa Press (29 de agosto de 2010). Chávez asegura que la violencia y la inseguridad son producto de la injusticia social y el capitalismo. Obtenido de Europa Press: <http://www.europapress.es/internacional/noticia-venezuela-chavez-asegura-violencia-inseguridad-son-producto-injusticia-social-capitalismo-20100829021737.html>
3. Hugo Chávez, «A Paso de Vencedores», Últimas Noticias, 29 de agosto de 2010, p. 13.
4. Hugo Chávez, Mensaje Anual del Presidente de la República bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ante la Asamblea Nacional Palacio Federal Legislativo, Caracas, viernes, 15 de enero de 2010, Caracas, Minci, p. 43.
5. Roberto Briceño-León, Venezuela: Clases Sociales e Individuos, Caracas, Acta Científica Venezolana y Consorcio de Ediciones Capriles, 1992, pp. 184-185.
6. Ver <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/MEMORIA-COMPLETA-13-03-2011-Interior-y-justicia2.pdf>.
7. Desconocemos la meta-información asociada a los datos sobre casos delictuales presentados en el Anexo 1.1 de la Memoria y Cuenta 2010, pero suponemos que un caso puede involucrar varios delitos y que la estadística identifica el caso con el delito primario y solo contabiliza ese delito. Por lo tanto, el número de delitos puede ser mayor que el número de casos.
8. La cifra negra estimada por la encuesta de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), cuyo período de referencia fue julio del 2005 a julio del 2006, es del 30%, todavía algo más baja que los dos tercios mencionados en el texto principal.
9. Tanto la encuesta de la Conarepol-2006 como la de Victimización y Percepción Ciudadana del 2009, son encuestas de hogares diseñadas y realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que incluyeron un considerable número de hogares, la primera, casi 6.000 y la segunda, más de 20.000. El diseño permite concluir que las dos encuestas, sobre todo la del 2009, ofrecen márgenes de precisión muy altos.
10. Esta denominación corresponde a una categoría estadística empleada por la División de Estadística del Cicpc bajo la cual se contabilizan fallecimientos que al momento del reporte no se pueden establecer como homicidios, pero que tampoco pueden descartarse como tales.
11. Las muertes por «Resistencia a la autoridad» constituye también otra categoría estadística empleada por el Cicpc para contar las muertes de civiles ocurridas en enfrentamientos con los órganos de seguridad del Estado.
12. Ciertamente, no todas las «muertes en averiguación» terminan en homicidios, ni tampoco todos los casos de «Resistencia a la autoridad» culminan con una persona muerta.
13. Los puntos en el mapa corresponden a entidades federales identificadas con un número que indica la pertenencia a un grupo o conglomerado particular, caracterizado por la intensidad y el perfil delictivo y adicionalmente por dos letras que son las iniciales del nombre de la entidad federal correspondiente. Así por ejemplo CO significa Cojedes y DA denota al estado Delta Amacuro, ambos pertenecientes al grupo o conglomerado 4.
14. Las figuras rectangulares en el gráfico representan variables para las cuales se cuenta con indicadores que facilitan su medición. Las figuras ovaladas representan variables latentes que por definición no se pueden observar o medir directamente. Los signos positivos (negativos) se interpretan en el sentido de que un aumento en el factor presente causa un aumento (una reducción) en el factor consecuente.
15. El símbolo Pxxx se emplea para denotar la pregunta número xxx del cuestionario. En particular, P023 es la pregunta N° 23 del instrumento de recolección de datos. El texto de las preguntas se puede revisar en el apéndice x.
16. Las tasas están redondeadas a su entero más próximo.
17. Igual al anterior.
18. Se entiende por comunalidad de un ítem, la proporción de su varianza explicada por el modelo factorial ajustado. El método de extracción de los factores empleado en este análisis fue el de los componentes principales.
19. Licenciada en Contaduría Pública, especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) de la Bolsa de Madrid y doctoranda en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto-España. Directora de Investigación. Docente e investigadora de la Universidad Católica del Táchira, <albornoz@ucat.edu.ve>; <albornoz_9@hotmail.com>.
20. Técnico Superior Universitario en Ciencias Penales y Criminalísticas por la Universidad Católica del Táchira. Asistente de investigación del Observatorio Social del Estado Táchira OSET-UCAT, <yxmelgarejo@ucat.edu.ve>.
21. En inglés Global Peace Index. Este indicador mide el nivel de paz de un país o región. Lo elabora el Institute for Economics and Peace junto a un panel internacional de expertos provenientes de institutos para la paz y think-tanks, junto con el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. Los parámetros considerados en el estudio incluyen variables internas como los niveles de violencia y criminalidad (número de homicidios promediados por cada 100.000 habitantes), nivel de estabilidad política y tolerancia social, nivel de corrupción y de acceso a la educación, y número de fuerzas militares y policíacas; pero también externas, como el gasto militar y las guerras en las que se está participando. El primer estudio fue publicado en el año 2007.
22. Índice de Paz Global, <http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2010>. Consultado el 13 de julio de 2010.
23. Véase «Inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor IPC, área metropolitana de Caracas. Variaciones acumuladas. Banco Central de Venezuela», <http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp>. Consultado el 13 de julio de 2010.
24. Aparentemente es redundante, pero es la razón por la cual tenemos hiperinflación, y además por lo cual el ciudadano venezolano tiene menos poder adquisitivo.
25. Publicado desde 1995 por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, con sede en Alemania. Este índice mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado.
26. Ránking 2001-2008 del Índice de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, <http://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2008/tabla_sintetica_de_resultados.pdf>. Consultado el 13 de julio de 2010.
27. A.M. Sanjuán (2003). El conflicto colombiano y su impacto en los países andinos, Bogotá: Ediciones Uniandes, p. 254.
28. V. J. Rodríguez, A.R. Mazuera y A.N. Albornoz (2009). Cultura de paz en el Alto Apure y el Táchira. Un reto de frontera, Producciones Editoriales C.A., p. 218.
29. Al momento de redactar el presente informe se hicieron las declaraciones a los medios por parte del gobierno colombiano (15 de julio de 2010). Posteriormente, ocurre la denuncia que hace Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) (22 de julio de 2010), en la cual confirma y da a conocer las supuestas pruebas (imágenes y mapas de ruta) de la presencia de líderes guerrilleros de las FARC y ELN en Venezuela. Con esto asegura que miembros de la guerrilla se refugian en Venezuela, para evadir la presión de las tropas colombianas. Ese mismo día, el embajador ante la OEA, Roy Chaderton, hace su exposición de motivos y simultáneamente el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, decide romper relaciones diplomáticas con Colombia. Información tomada del diario El Espectador (Bogotá): «Colombia acudirá a instancias internacionales para denunciar a Venezuela». Diario El Espectador, <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-213658-colombia-acudira-instancias-internacionales-denunciar-venezuela>. Consultado el 16 de julio de 2010, y de FM Bolivia: <http://www.fmbolivia.com.bo/noticia31914-gobierno-venezolano-rompe-relaciones-diplomaticas-con-colombia.html>. Consultado el 22 de julio de 2010; <http://www.vtv.gob.ve/noticias-nacionales/40157>. Consultado el 22 de julio de 2010.
30. AVN. (15 de julio de 2010). Denuncian Que Estados Unidos Mantiene Sobrevuelo En Frontera Colombo-venezolana. Obtenido de Notiactual: http://www.notiactual.com/denuncian-que-estados-unidos-mantiene-sobrevuelo-en-frontera-colombo-venezolana/
31. Diccionario de la Real Academia Española, <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sicariato>. Consultado el 14 de julio de 2010.
32. La violencia interpersonal es un comportamiento deliberado que provoca daños físicos y psicológicos a otros seres humanos. Se produce entre personas que guardan o no parentesco y que pueden conocerse o no.
33. Instituto Nacional de Estadística (INE). Población del estado Táchira, por municipios y parroquias según el censo del 2001 y proyecciones hasta el 2015; <http://www.redatam.ine.gob.ve/Censo2001/index.html>. Consultado el 13 de julio de 2010.
34. Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). <http://observatoriodeviolencia.org.ve/>
35. Cuestionario de violencia interpersonal empleado, <http://www.ucat.edu.ve/nuevo/INVESTIGACION/observatorio/violencia_interpersonal/INSTRUMENTO.pdf>.
36. Cada registro puede contener uno o más sucesos de violencia.
37. El mes en el cual se encontró un mayor número de sucesos violentos fue agosto, seguido por noviembre, marzo y diciembre, meses en los que se viven las vacaciones escolares y el fin de año. El mes de marzo no se puede relacionar con ningún feriado nacional. Con relación al año 2010, se llevan contabilizados 452 registros de sucesos violentos al 30 de junio, y el 28,7% de estos registros corresponden a sucesos ocurridos en el mes de enero de 2010. Con relación al lugar del suceso, el 42,7% ocurrió en San Cristóbal (en las parroquias San Juan Bautista y La Concordia), y un 15% en municipios fronterizos. Casualmente, en el mes de enero se celebran las Ferias Internacionales de San Sebastián en San Cristóbal, estado Táchira.
38. CsPro, abreviatura de Censos y Encuestas de procesamiento. Es un paquete estadístico de dominio público elaborado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Macro Internacional y Serpro S.A., para el desarrollo internacional. El software puede ser utilizado para la introducción, edición, tabulación y el mapeo de datos de censos y encuestas. Este paquete es ampliamente utilizado por los organismos de estadística en los países en desarrollo.
39. Programa estadístico informático usado en las ciencias sociales; permite trabajar con bases de datos de gran tamaño.
40. La Universidad Católica del Táchira ha creado recientemente el Observatorio Social del Estado Táchira. La violencia interpersonal es uno de los capítulos del OSET-UCAT. Su link es: <www.ucat.edu.ve/oset/>.
41. Diccionario de la Real Academia Española, <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=victimario>. Consultado el 14 de julio de 2010.
42. Este dato es aproximado porque el cuestionario tiene un campo donde se anotan aquellos sucesos que señalan más de cinco víctimas. Por tanto, se multiplicó el número de sucesos por seis víctimas aproximadamente. El número aproximado de víctimas del año 2010 son 743 víctimas al 30 de junio de 2010.
43. Para el año 2010, están contabilizados 902 sucesos al 30 de junio de 2010.
44. Los sucesos registrados en el año 2010.
45. El factor edad y los rangos considerados, tienen un comportamiento similar con respecto de las víctimas contabilizadas al 30 de junio de 2010.
46. Este dato es aproximado porque el cuestionario tiene un campo donde se anotan aquellos sucesos que señalan más de cinco victimarios. Por tanto, se multiplicó el número de sucesos que reporta más de cinco, por seis victimarios aproximadamente. Con respecto al año 2010, van contabilizados 1.002 victimarios aproximadamente y el 92% son de sexo masculino.
47. Con relación al año 2010, están contabilizados 486 delitos, de los cuales el 53,8% son homicidios, 21,56% robos y el 5,5% secuestros.
48. Así lo establece la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, publicada en Gaceta Oficial, Nº 39.194, 5 de junio de 2009, artículos 15 al 17.
49. Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Tomado de United Nations Documentation: Research Guide, <http://www.un.org/depts/dhl/resguide/resins.htm>. Consultado el 20 de julio de 2010.
50. R.J. Palos. Educación y cultura de paz. Universidad de Barcelona. Tomado de la sala de lectura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, <http://www.oei.es/valores2/palos1.htm>. Consultado el 21 de julio de 2010.
51. O.M. Gómez (2005). Mediación comunitaria, Buenos Aires: Espacio Editorial, p. 34.
52. Abogada, docente regular de Criminología de la Universidad Católica del Táchira, investigadora independiente colaboradora del Observatorio Venezolano de Violencia-Lacso.
53. Verónica Zubillaga y María Teresa García. «El discurso de guerra y la muerte de jóvenes varones en Venezuela», Inseguridad y violencia en Venezuela. Informe 2008. Editorial Alfa/Lacso, 2009, p. 251.
54. Bernales, E. (septiembre de 1995). Políticas de Juventud en América Latina: Evaluación y diseño. Obtenido de IDRC/CRDI: http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/23896/1/113733.pdf
55. Cinterfor, documento citado.
56. Andrea, Betancourt (s/f ). Combatiendo el sicariato en «la ciudad más violenta del mundo», en Ciudad Segura 2, p. 367.
57. Jesús Villarroel; Rina Mazuera y Neida Albornoz (2009). «Impacto del conflicto armado colombiano», Cultura de paz en el Alto Apure y el Táchira. Un reto de frontera, p. 225.
58. A. Betancourt, op. cit., p. 367.
59. Arturo Sosa, (2009), en la presentación a Cultura de paz en el Alto Apure y el Táchira. Un reto de frontera, p. 8.
60. «La captura de más de 100 paramilitares colombianos en territorio venezolano en mayo pasado, (…) permitió conocer los alcances de un perverso fenómeno de ‘exportación’, que ahora plantea el conflicto colombiano, no solo al nivel ya conocido del tráfico de estupefacientes, sino también de sus actores y dinámicas». Giovanni Moreno. «El conflicto colombiano. Expansión de sus protagonistas hacia las fronteras», en Arcanos, No10, Corporación Nuevo Arco Iris.
61. Cultura de paz en el Alto Apure y el Táchira. Un reto de frontera, op. cit.
62. Ibídem., p. 217.
63. Ibíd., p. 221.
64. M.A. Chacón y J. Berro (2007). Violencia en Venezuela. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia, Ediciones Lacso, pp. 222-223.
65. Giovanni Moreno, op. cit.
66. Ibíd.
67. Este artículo forma parte de los trabajos realizados desde la línea de investigación «Violencia urbana y sistema penal en Venezuela» desarrollada conjuntamente por el Laboratorio de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, en el marco del Programa de Proyectos Asociativos financiados por el Fonacit.
68. Universidad del Zulia, Escuela de Trabajo Social, raimar68@yahoo.com
69. Universidad Simón Bolívar, Laboratorio de Ciencias Sociales Lacso.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Roberto Briceño-León por acompañarnos en la reflexión que origina este texto, así como a Manuel Llorens por sus siempre prestos y lúcidos comentarios. Las investigaciones de nuestra autoría que sirven de base para las reflexiones aquí presentadas se realizaron gracias al sostén financiero del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico de la Universidad Católica Andrés Bello (CDCHT-Ucab); el Decanato de Investigación y Desarrollo (DID) de la Universidad Simón Bolívar; el Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, y la Foundation Open Society Institute FOSI.
70. En los cincos años que transcurren entre el año 2003 y 2008 el porcentaje de hogares definidos como pobres en Venezuela (de acuerdo al método línea de ingreso nacional), ha descendido de 55 a 28 por ciento de los hogares. Igualmente, el Coeficiente Gini, que mide la desigualdad, expresa una disminución de las brechas socioecómicas al pasar de 0.48 en 1998 a 0.42 en el año 2007 (Ver: http://www.sisov.mpd.gob.ve/ indicadores/IG0001800000000/ Consultado el 17 de septiembre 2010). Y justamente, la tasa de homicidios se ha más que duplicado, al pasar de 20 homicidios por 100.000 habitantes en el año 1998 a 52 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2008 (ver también Sanjuán, 2008).
71. Tasa por cada 1000 nacidos vivos. Fuente: http://www.sisov.mpd.gob.ve/indicadores/ Consultado el 19 de octubre 2010.
72. Según los datos de la encuesta, la gran mayoría de las víctimas de homicidio provienen de los estratos en mayor desventaja: 56% de del estrato IV y 27% del estrato V (INE, 2010).
73. En este sentido nos parece inspiradora la invitación de E. Jelin (2003), a poner en el centro (del análisis) «a agentes sociales que desarrollan sus estrategias en escenarios de lucha, de confrontación, de negociación, de alianzas, de intentos de ganar poder e imponer sus prácticas frente a otros. El modelo de la acción social implícito en este tipo de análisis retoma temas clásicos de la sociología política como la construcción de la autoridad y la legitimidad social, incorporándolos junto a una temporalidad que no es simplemente cronológica –en tanto entran en juego experiencias pasadas y horizontes de expectativas futuras– y con una consideración explicita de los sentimientos y la subjetividad de esos actores. La consideración de los escenarios de la acción implica, además, la presencia y la referencia constante a la «alteridad», a lo/as otro/as frente a los/as que orientamos nuestra acción» (Jelin, 2003).
74. Concretamente: Iniciativas juveniles contra la violencia en Caracas: experiencias de jóvenes varones de sectores populares, financiado por el Decanato de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar (USB) y por el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológica de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), y la investigación en progreso, llevada a cabo en compañía de M. Llorens, G. Núñez y J. Souto, Sistematización acuerdos de convivencia entre comunidades y jóvenes de bandas armadas: claves para aprender y difundir apoyada por Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, Universidad Católica Andrés Bello y la Foundation Open Society Institute (FOSI).
75. Vale la pena señalar que algunos diagnósticos de la policía en Venezuela, desde finales de la década de los noventa, indicaron que los esfuerzos modernizadores, que respondían a los clamores de la población urbana, se centraron en la creación de cuerpos de policías municipales, dotación o renovación de equipos; construcción o ampliación de instalaciones, descuidando aspectos fundamentales vinculados a los mecanismos de control de la acción policial y a las condiciones de trabajo de los propios sujetos policiales: salarios, protección social, entrenamiento y formación en el uso de la fuerza (Sanjuán, 1999).
76. En Caracas, en los últimos veinte años, las tasas de homicidios se han incrementado de manera fundamental en cada década. En la década de los noventa, las tasas de homicidios se incrementaron en un 30% pasando de 44 homicidios por 100.000 habitantes (1990) a 63 homicidios por 100.000 habitantes (1999). En la década siguiente, sobre este acumulado, la magnitud del aumento sería similar (35%), las tasas de homicidio en Caracas pasan de 94 fallecimientos por 100.000 habitantes (1999) a 127 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2008100.000100.000 (Provea, 2009).
77. La Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (INE, 2010) estimó la ocurrencia de 26.873 secuestros en el país y 7.017 secuestros en Caracas, lo que constituye una tasa de 203 secuestros por 100.000 habitantes. Se supone que se incluye aquí desde los secuestros que pueden tomar minutos u horas, raramente denunciados y conocidos como secuestro express, hasta los secuestros de mayor envergadura, que pueden tomar días o meses, con mayor tendencia a ser denunciados.
78. La dimensión del problema de las armas en el país se comprende mejor cuando se comparar con la de países centroamericanos caracterizados por sus altos niveles de violencia y con la experiencia de conflicto bélico reciente. Las armas están presentes en el 75% de los homicidios en el Salvador; en el 47% de los homicidios en Guatemala (Unicef 2007); en Venezuela están presentes en el 89% de los homicidios (Anuarios de Mortalidad, 2007).
79. Palabras del entonces gobernador del Estado Lara. El Universal, 15 de agosto 1999.
80. El Nacional, 19 de Septiembre de 2000.
81. Las frases del Ministro de Interior y Justicia citadas en prensa: «El 70% de los homicidios que suceden en Venezuela y la capital son entre las mismas bandas. A mi entender esos homicidios no afectan a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una sensación que tiene las personas. Sin embargo, la incluimos en la cifra. ¿Afecta la sensación de seguridad que las personas deben tener? Eso es discutible entre los criminólogos», dijo el ministro». El Universal, 18 de Junio 2008.
82. Declaraciones del Comandante del Core 5 aparecidas en el canal Venezolana de Televisión el 6 de septiembre 2010.
83. Conversación personal con el Jefe de la División de Estadísticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Entrevista sostenida el 25 de enero de 2010). (Ver también Provea 2008; Provea 2010).
84. El año 2006 se instauró la Comisión Nacional para la Reforma de la Policía Conarepol, instancia creada por el Ministerio de Interior y Justicia para debatir, revisar y conocer la situación de la policía con miras a proponer un nuevo modelo policial, constituyendo una manifestación de la preocupación desde el seno del estado por la violencia causada desde sus instancias – colocaron en la agenda pública durante casi dos años, la necesidad de un tratamiento alternativo al represivo frente a la violencia en la ciudad (Conarepol, 2007).
85. Vale decir, que en el año 2010 se «relanza» la estrategia del operativo policial. El Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), está concebido como un conjunto de operaciones que buscan «disminuir el índice delictivo». Los responsables fundamentales del dispositivo son los agentes de la Guardia nacional y demás miembros de los diferentes cuerpos policiales, confirmando su perfil de operación eminentemente reactiva.
86. En esta sección hablaremos de nuestras observaciones etnográficas llevadas a cabo en algunos barrios de la ciudad ubicados en 3 municipios de Caracas: Chacao, Sucre, Libertador. Explicitemos que nos centramos en nuestras interpretaciones sobre las relaciones entre los jóvenes y las comunidades en las que hemos llevado a cabo nuestras pesquisas. No nos centramos en las amenazas que arrojan a los jóvenes a una trayectoria de violencia, sobre lo cual hemos escrito en variadas oportunidades (ver Zubillaga 2005; Zubillaga 2007; Zubillaga 2010)
87. En Gaceta Oficial Nº 39.673 de fecha 13 de mayo 2011 fue publicado el decreto mediante el cual se crea la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme. La Comisión está conformada por los ministerios para Interior y Justicia y de la Defensa, por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional (un diputado oficialista y un diputado opositor), el Ministerio Público, el Seniat; la Federación Venezolana de Tiro, Policía Nacional; Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, miembros de Organizaciones sociales y de las Universidades.
88. Fe y Alegría y Universidad Católica Andrés Bello, Ciudad Guayana.
89. Instituto de Psicología, Universidad Central de Venezuela.
90. En agosto del 2010, entre los principales problemas que confrontan las comunidades, la Encuestadora Seijas reporta la Inseguridad (83,8%), como «respuesta espontánea». Esta inquietud ciudadana era destacada igualmente en el año 2009 en el Informe Inseguridad y violencia en Venezuela - Informe 2008 (Briceño-León, Ávila y Camardiel, 2009).
91. «En qué cabeza cabe comparar la dimensión de la violencia desatada en Irak, producto de una invasión genocida, donde el llanto de los sobrevivientes no alcanzará, jamás ni nunca, para aplacar sus penas, con el problema estructural de la inseguridad en nuestro país, originado por las brutales desigualdades que heredó nuestro gobierno, y que hoy estamos enfrentando con la mayor firmeza y rigor; desde una visión preventiva y no represiva. Pero evidentemente no se le puede pedir un mínimo de objetividad a cierto periodismo de baja estofa que no hace sino acentuar el amarillismo más grotesco». Hugo Chávez, en su columna «Las líneas de Chávez», Últimas Noticias, 29-8-2010, p. 13. Estas opiniones forman parte de la polémica suscitada en torno a la publicación de una foto tomada en diciembre del 2009, que muestra cadáveres de seres humanos, desnudos, en el piso y en camillas de la sede de la Medicatura Forense de Caracas, que ocupó casi toda la primera página –tamaño estándar– del diario El Nacional en su edición del viernes 13 de agosto del 2010. El fallo del Tribunal 12 de Primera Instancia en Mediación y Sustentación de Protección al Niño, Niña y Adolescente en contra de los diarios El Nacional y Tal Cual (que reprodujo posteriormente la fotografía), ordenó una prohibición indefinida de publicar «imágenes con contenido de sangre, armas y agresiones físicas, que aticen mensajes de guerra y decesos, que puedan alterar el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes». Posteriormente, ante la reacción de rechazo nacional e internacional, dicho Tribunal revocó parcialmente la medida contra los citados diarios, por lo que podrán publicar información y publicidad relacionada con temas de violencia, manteniéndose la prohibición a la publicación de imágenes de este tipo.
92. El modelo de policía surgido con ocasión del trabajo de la Conarepol, que contó con la participación de distintas universidades, especialistas y organizaciones de derechos humanos, «desestima cualquier carácter militar de la policía general y enfatiza el principio de competencias concurrentes entre cuerpos de policía nacional, estadales y municipales, conforme a los principios de territorialidad de la ocurrencia situacional y de complejidad, intensidad y especificidad de la intervención requerida, a fin de facilitar la sinergia en el trabajo policial, fomentando, por otro lado, la rendición de cuentas y el control ciudadano» (Gabaldón y Antillano, 2007: 237-250). Según los datos ofrecidos por Soraya El Achkar (prensa YVKE Mundial / AVN, viernes, 27 de agosto del 2010), en el plan piloto implementado en Catia por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el oeste de Caracas, «se han registrado reducciones de 60,61% en los delitos de homicidio, 58,49% en robos, 47,10% en lesiones y 66,67% en violencia de género».
93. En el contexto de polarización actual, y ante el silencio, la evasión o negación oficial de la información pública, se ha hecho práctica común de diversos medios de comunicación recurrir a «fuentes confiables», o referir información «oficial» no divulgada, obtenida en «exclusiva». La filtración de fuentes, de los organismos policiales, ha permitido la divulgación vía internet de violentas imágenes (la escena del crimen de Carolina Viera de Valero, del cadáver de Edwin «Inca» Valero, entre otras). A través de diversas páginas web, redes sociales y telefonía celular, grandes sectores de la población han consumido y reproducido sin sentido crítico y con cierto morbo dichas imágenes. Zillmann y Bryant (1996) ofrecen explicaciones de esta atracción hacia la violencia.
94. «La violencia es la forma más profunda de la frivolidad, es el contenido de la superficialidad. Entre los objetos que ejercen atracción violenta, se encuentra la violencia misma. Ciertamente, las ejecuciones de secuestrados, así como las de narcotraficantes, no parecen tener como único fin quitar de enfrente al de enfrente, sino promover un espectáculo que no sirve tanto de escarmiento como de estímulo para que la venganza llegue con mayor espectacularidad, que en este caso es mayor cantidad de sangre regada para las fotos, no ya de la sección policíaca, sino de las primeras planas, lo cual es un logro nada desdeñable». Fernández Christlieb (2008:26-33).
95. El fenómeno de «habituación a la violencia» (de género, mediática, escolar, etc.) ha sido suficientemente abordado desde distintas aproximaciones. Penalva (2002) aborda el tratamiento de la violencia en los medios de comunicación, y Antón (1998), ofrece algunas herramientas de competencia cultural para una aproximación crítica a la misma. Ver también: <http://www.fss.uu.nl/mc/nl/onderzoek/unesco.htm>.
96. «La palabra ‘estética’ proviene de ‘sensibilidad’ y así, estética es lo que se siente... Paradójicamente, si se quiere, la estética más atractiva e impactante se hace progresivamente insensibilizadora de tan fuerte y tan tupido que pega, así que, en vez de hablar de una estética de la violencia que de bonita no tiene nada, que no sensibiliza sino que desensibiliza, resulta más adecuado hablar de una anestética de la violencia, que consiste en el adormecimiento o atrofia de la sensibilidad fina merced a tantas expresiones burdas y al hecho de que cada vez tienen que ser peores» (Fernández Christlieb, 2008:31).
97. El informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), «Una década de impunidad en Venezuela (1998-2009)», revela que un total de 16.047 homicidios se registraron en 2009, en los que se determinan como principales causas de dicha criminalidad la impunidad y la corrupción.
98. Provea ofrece un análisis detallado de sus consecuencias: <http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1998_99/informe_especial.htm>.
99. «La polarización social, que parece erigirse y extenderse como mecanismo de poder y control sociopolítico a nivel mundial, tiene profundas consecuencias: fractura el tejido social; territorializa el conflicto y destruye espacios de convivencia social; afecta relaciones y dinámicas familiares, laborales, comunitarias, institucionales; obstaculiza el manejo democrático y pacífico de los conflictos; contribuye a incrementar la escalada de violencia social y política; genera un fuerte impacto psicosocial; produce daños patrimoniales y urbanos; naturaliza y legitima la violencia social; estimula la adquisición de armas por parte de la población; reduce las actividades recreativas y de esparcimiento en espacios públicos debido a la inseguridad y al clima de tensión imperante; construye representaciones del conflicto y sus actores sobredimensionadas mediáticamente; invisibiliza la histórica y compleja causalidad estructural de los conflictos sociopolíticos (violencia, exclusión, pobreza, desempleo, corrupción, agotamiento del modelo político tradicional, p.e.); privilegia la gestión del conflicto y su solución en los actores políticos en pugna, excluyendo al resto de los sectores sociales; y constituye un eficaz mecanismo de poder y control social y político» (Lozada, 2008:89-109).
100. Instituto de Ciencias Penales-Universidad Central de Venezuela.
101. A. Binder, (1993). Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc. Señala que el derecho es «un formidable instrumento para la solución de conflictos».
102. M. Weber (1974). La política como vocación. El político y el científico. Madrid: Ed. Alianza, <http://es.wikipedia.org>: «una condición necesaria para que una entidad se convierta en un estado es que se conserve tal monopolio. Su definición es que algo es un ‘Estado’ en la medida en que su equipo administrativo mantiene exitosamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su orden». Según Weber, el Estado es la fuente de la legitimidad en el uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos.
103. R. Combellas (1990). El Estado de Derecho: crisis y renovación. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. «a) Social: Es el Estado que distribuye bienes y servicios en pro de un estándar de vida y su mejoría. Busca integrar a la sociedad conciliando intereses y atenuando antagonismos clasistas».
104. Ibíd.: «b) de Derecho: Es un Estado regido por el Derecho. No busca un formalismo jurídico liberal sino la realización efectiva en la vida social de los valores jurídicos y su protección. (…) La justicia social y la dignidad humana son valores rectores».
105. Rosales et al. (2008). Sistema penal y acceso a la justicia. Caracas: CDCH. «Se usa la voz sistema penal para referirse a los procesos implicados en el ejercicio del control penal. De tal modo que no solo supone el conjunto de instituciones vinculadas directamente con el ejercicio del control penal estatal, sino con todas las relaciones que tienen que ver con el ejercicio de tal control, estén o no formalizadas. La idea de control penal alude a las relaciones y procesos derivados de la facultad punitiva del Estado, esté o no dentro de los límites jurídicos, aunque en términos jurídicos esta facultad debe estar estrictamente supeditada a la legalidad conforme a la consustancial sujeción del Estado al Derecho propio de los Estados constitucionales modernos».
106. ONU. Asamblea General, 1985. Declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder. Son víctimas del delito «las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder».
107. V. Zubillaga (2005). «La carrera moral del hombre de respeto y armas. Historias de vidas de jóvenes y violencia en Caracas». Revista Venezolana de Psicología Clínica Comunitaria, No 5, Caracas. «En este escenario, donde desde pequeño se sufre el acoso permanente de pares masculinos, donde entre varones la norma vigente es la del más fuerte, tener una identidad de reacciones devastadoras, a la que se adhiere el respeto, tantas veces mencionado por los varones, se vincula no solamente con el deseo de alcanzar una identidad masculina, como en efecto se busca, sino a la necesidad de garantizarse cierta seguridad personal» (Burgois, 1995).
108. J. Muerza et al. (2002). Derecho procesal penal. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. Señalan que las partes en el proceso penal son: el ofendido o la víctima del hecho presuntamente delictivo y que pretende tutela jurídica concretada en una pena y quien aparece como responsable de dicho hecho y respecto del cual se exige tutela jurídica. Sin embargo, el Ministerio Público es parte formalmente en el proceso, pues, como órgano del Estado se le han conferido atribuciones para actuar como parte acusadora.
109. Binder (1993), señala que la fase intermedia es el conjunto de actos del proceso dirigido a la revisión y corrección de los actos conclusivos procedentes de la fase preparatoria.
110. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia estableció, en sentencia No 520 de fecha 14/10/2008, que la fase de juicio oral tiene por finalidad básica la realización de la audiencia pública orientada a la comprobación de los hechos objeto del proceso a través de las pruebas ofrecidas en juicio y con miras a la emisión de la sentencia.
111. E. Florian (1990). Elementos de Derecho Procesal Penal. Barcelona, España: Editorial Bosh: Señala que la denuncia es la noticia de comisión de un delito hecha por el lesionado o por un tercero a los órganos competentes.
112. Binder (1993), señala que el archivo fiscal permite que la investigación termine provisionalmente hasta que pueda continuarse nuevamente al aparecer elementos de prueba.
113. Florian (1990), señala que la acusación es el acto por el cual se ejerce la acción penal y se precisan los hechos objetos de juicio.
114. B. Rodríguez Monagas (1998). «El régimen de la acción penal: principios de legalidad y oficialidad». Señala que el acuerdo reparatorio es un procedimiento conciliatorio entre la víctima y el procesado para mejorar los intereses de la víctima, evitándose el proceso penal en su contra a cambio de una reparación.
115. Los derechos y deberes de la víctima en la justicia restaurativa y autóctona escapan del objetivo de este artículo, sin embargo, ofrecen otro ámbito para el reconocimiento de la ciudadanía de la víctima.
116. Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC).
117. Uno de los casos más emblemáticos en Portuguesa son los asesinatos de varios miembros de la familia Mendoza. El 28 de noviembre del 2000, un grupo de funcionarios policiales del estado Portuguesa allanó la vivienda de la familia Mendoza en Araure, llevándose detenidos a tres de los hermanos: Ender (16 años), Gonzalo (28 años)y Alexander (25 años). Horas más tarde sus familiares los encontraron sin vida en la morgue del hospital J.M. Casal Ramos, tal y como quedó demostrado en la sentencia de fecha 31 de agosto de 2005, dictada por el Tribunal Decimoséptimo de Juicio del Área Metropolitana. El 15 de octubre de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares en favor de Mariela Mendoza Carvajal y Carlos Gilberto Mendoza Carvajal, junto a un grupo de familiares de víctimas de los grupos de exterminio que operan en Portuguesa, debido a las amenazas recibidas presuntamente por funcionarios activos adscritos a la policía de Portuguesa. El 16 de julio de 2004, fue herida por arma de fuego en la puerta de su casa, en la población de Araure, estado Portuguesa, Mariela Mendoza, quien había asumido la denuncia pública de los asesinatos de sus hermanos. El 18 de mayo del 2010 fue asesinado por funcionarios policiales en su lugar de trabajo el cuarto integrante de la familia, Elvis Mendoza.
118. Cfr. Amnistía Internacional. Reporte sobre policías y servicios de seguridad, 2008. En: <http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/venezuela/>. CIDH. Informe anual 2007. OEA/Ser.L/ V/II.130.Doc.22. rev. 1. 29 de diciembre del 2007. En: <http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/cap4Venezuela.sp.htm#_ftnref306>; Provea. Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2004/septiembre 2005. Capítulo sobre «Derecho a la vida»; CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 4 rev. 2. 29 de diciembre del 2003; Provea. Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2002/septiembre 2003; Provea. Informe anual 1999-2000. En: <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2000/>; Provea. Informe anual 1998-1999. En: <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-1999/>; Provea. Informe anual 1997-1998. En: <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-1998/>; Provea. Informe anual 1996-1997. En: <http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-1997/>; Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Venezuela, 1997. En: <http://www.pnud.org.ve/IDH97/violenciacodh6.htm>.
119. Cfr. Defensoría del Pueblo. Venezuela. Informe Anual 2006, p. 601.
120. Ibídem.
121. Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo se ha referido expresamente a la condición económicamente vulnerable de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, al señalar que «los barrios, las zonas rurales y en general los sectores empobrecidos han sido criminalizados». Cfr. Defensoría del Pueblo. Anuario 2001, Capítulo 7, Sección 7.1.
122. Cfr. Informe del Estado de la República Bolivariana de Venezuela al Experto Independiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. Cuestionario: Estudio sobre la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Mayo de 2005, p. 56.
123. Cfr. Cofavic. Los grupos parapoliciales en Venezuela, 2005, p. 25.
124. Ibíd, pp. 29-34.
125. Ibíd, p. 29.
126.Defensoría del Pueblo